En nuestra condición de integrantes de la agrupación de abogados cubanos que cuenta con mayor número de miembros y más años de fundada, los abogados agramontistas cubanos hemos decidido emitir la presente declaración ante los históricos acontecimientos que ha vivido Cuba en los últimos días, así como ante los planes anunciados por el régimen castrista para utilizar los instrumentos del derecho como herramienta esencial en la represión de los ciudadanos que han expresado su inconformidad con el sistema que padece nuestra Patria.
En primer lugar,
expresamos nuestra profunda admiración a los miles y miles de conciudadanos que
salieron el pasado domingo 11 de julio, en numerosas localidades de todo nuestro
Archipiélago, a reclamar libertad y a proclamar que no tienen miedo.
En segundo lugar,
manifestamos nuestro rechazo a la actitud absolutamente inmovilista adoptada
por las autoridades del país. La represión brutal, las golpizas sistemáticas,
el empleo de armas de fuego contra personas que sólo utilizan la palabra,
constituyen abusos incalificables, que rechazamos con toda decisión. ¿Cómo
admitir las palabras del jefe del régimen al expresar que “la orden de combate
está dada”! ¿“Combate” contra quién! ¡Porque no estamos hablando de una
invasión extranjera, sino de compatriotas que únicamente expresan su
desacuerdo!
A ese empleo de la
fuerza física y la brutalidad se une ahora el uso, abuso y manipulación de los
instrumentos del derecho. Antenoche mismo, en un programa difundido por
televisión en el horario estelar de la noche (después del noticiero y antes de
la novela), se perpetró un intento transparente y burdo de instilar el terror
en la amplia mayoría de ciudadanos que anhela la realización de cambios
democráticos en el país. Representantes del Poder, incluyendo una de la
Fiscalía General de la República,
esgrimieron ante los televidentes posibles sanciones penales con una duración
de varios decenios. El objetivo, evidentemente, no es otro que aterrorizar a
posibles protestantes futuros, y hacerlos renunciar a su legítimo derecho a
expresarse pacíficamente contra una situación nacional con la que ni
remotamente están de acuerdo.
También se
violentan los principios jurídicos al anunciar la pretensión de sancionar por
la comisión de un supuesto delito de “instigación a delinquir”; en vista de lo
que realmente sucedió, esto equivale a la pretensión a criminalizar la emisión
del pensamiento, con lo cual se viola la Declaración Universal de Derechos
Humanos y hasta la propia Constitución cubana. Lo mismo puede decirse del
anuncio de penar el hecho de organizar las protestas, cuando resulta evidente
que ellas surgieron de modo espontáneo; y si hubiese que hallar un responsable,
habría que buscarlo entre las mismas autoridades castristas, por su actuar
irresponsable y antipopular. Por último, consideramos una enormidad que se
amenace con esgrimir, como elemento incriminatorio, el uso de la consigna
“Patria y Vida” por parte de algunos encartados
En todo ese contexto,
se magnifican supuestas violaciones del derecho de propiedad y algunos otros
delitos comunes que hayan podido realizar determinados ciudadanos para
pretender hacer ver que tales conductas constituyeron la regla en los
acontecimientos del pasado domingo y días subsiguientes. Eso constituye una vil
calumnia que los agramontistas denunciamos sin vacilaciones. Ese tipo de
actividades delictivas en las que hayan podido incurrir algunos compatriotas
inconscientes, tendría un carácter totalmente marginal, y no empañaría en
absoluto la importancia histórica de la valiente ola de protestas que ha
sacudido nuestra Patria. Contra esos ciudadanos sí existirían elementos para
procesarlos, pero de manera serena y adecuada, como cuadra al “estado de
derecho” que, según la actual Constitución, es Cuba hoy. No con feroces
amenazas televisivas ni ofrecimientos de imponerles penas brutales.
En medio de la
represión, hemos sabido de numerosos ciudadanos que se encuentran virtualmente
desaparecidos. La magnitud de la arremetida gobiernista es tal, que muchos
seres queridos de los arrestados desconocen dónde se encuentran ellos en estos
momentos. Tal cosa es inadmisible.
Los abogados
agramontistas residentes en Cuba reafirmarmos nuestra disposición de siempre a
presentar escritos de hábeas corpus a favor de los detenidos y a prestar todo
el asesoramiento legal que podamos.
En el ínterin,
demandamos a las autoridades del país que respeten todos y cada uno de los
derechos humanos que asisten a quienes residimos en el Archipiélago; en
particular, los irrenunciables derechos a la protesta pacífica y a la libre
emisión del pensamiento.
La Habana, 16 de
julio de 2021
Por la Corriente Agramontista:
Serafín
Martínez
René
Gómez Manzano
Maybell
Padilla Pérez
Yuniesky
San Martín Garcés
Hildebrando
Chaviano Montes
Lázaro
G. Godínez González
Eduardo
Ortiz Ramírez
Roberto
de Jesús Quiñones Haces
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